La Policía Nacional denunció el 7 de marzo, en Valencia, a una integrante de Psicólogos sin Fronteras cuando esta persona les informó que la actuación policial que estaban realizando parando sólo a inmigrantes, es decir atendiendo a criterios étnicos, es una práctica ilegal en el Estado español.
Una integrante de la ONG Psicólogos sin Fronteras, presente en las inmediaciones donde se produjo la redada, intentó preguntar a los agentes del cuerpo nacional de policía sobre el motivo de la actuación, informándoles que no es legal en el estado español realizar controles basados en criterios étnicos (color de piel, rasgos, etc). De forma inmediata los agentes detuvieron la redada, demandando la identificación a la miembro de la ONG y multándola por “menosprecio a las labores de los agentes”.
La Mesa de entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) de las que forma parte Psicólogos sin Fronteras manifestamos nuestro rechazo a las actuaciones policiales contra inmigrantes que tienen lugar día a día, en las que se atiende a criterios raciales y xenófobos para pedir identificación. Esta práctica es ilegal en el Estado español como indica el art. 19.2 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
Los derechos humanos son cosa de todos
El acoso a las personas inmigrantes que suponen estas redadas a pie de calle, y en lugares como locutorios, estaciones de autobuses o, en este caso en la estación de trenes de Valencia, fomenta el miedo entre la población extranjera impidiendo su participación activa, limitando su actividad social y su integración en la sociedad española. Muchas de las demandas de asistencia psicológica por parte de las personas inmigrantes se dan tras sufrir una redada o ser llevada a los calabozos de forma preventiva, para luego ser puesto inmediatamente en libertad a las pocas horas (ya que no había cometido delito alguno).
Las redadas contravienen, además del art 19.2 en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el artículo 13º de los DD.HH que se refleja en la Constitución Española: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Por ello la Mesa de entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjer@s demanda el cese inmediato y definitivo de estas actuaciones.
La acción civil ante la violación de derechos humanos, como hizo nuestra compañera, no es un delito, por lo que animamos a la ciudadanía a denunciar las actuaciones desmesuradas contra los inmigrantes de las que sea testigo a través de la asociaciones de apoyo a las inmigrantes. Defendamos, como diría Víctor Jara, “el derecho de vivir en paz”.
